Cuatro trabajadoras del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica (ISFDyT) N°32 de Balcarce fueron reubicadas en otros establecimientos educativos en el marco de una investigación presumarial que tiene como figura principal a la directora de la institución.
La abogada de las docentes, Alicia Aguerri, explicó que la medida de traslado se produjo luego de que sus representadas denunciaran situaciones de maltrato que habrían incluido hechos de violencia física, los cuales contarían con testigos y constancias en actas. Según la letrada, las trabajadoras consideraron que su seguridad estaba en riesgo y solicitaron continuar sus tareas en otros ámbitos escolares.
“Las cuatro denunciantes son parte del equipo de conducción del instituto y manifestaron haber sufrido acoso psíquico, moral y físico por parte de la directora”, indicó Aguerri. En diciembre de 2024 se formalizaron las denuncias, lo que derivó en la apertura de un expediente administrativo que investiga hechos de destrato, hostigamiento, amenazas, persecución, acoso y posibles represalias.
En un primer momento, la directora fue apartada preventivamente de su cargo mientras se sustanciaba la investigación. Sin embargo, posteriormente se acogió a fueros gremiales, lo que le permitió retomar sus funciones. Sobre este punto, Aguerri señaló que existen dudas en torno a la validez de esa representación, ya que la nómina de delegados del gremio correspondiente fue presentada fuera de término ante la jefatura distrital.
Más allá de esa discusión, la abogada sostuvo que “el derecho que debe protegerse prioritariamente es el de las docentes que denunciaron hechos de violencia, ya que sería un derecho de mayor valor y que la representación gremial esgrimida por la Directora, la podría ejerecer desde cualquier otro ámbito”. Aclaró que la reubicación de las trabajadoras no fue obligatoria, sino que ellas optaron por esa medida como una forma de resguardo frente a la situación que atravesaban.
En cuanto al desarrollo de la investigación, Aguerri precisó que aún no comenzó el trabajo del inspector sumariante, que deberá ser designado desde otra jurisdicción, dado que Balcarce no cuenta con un funcionario de esa categoría. También mencionó que la parte denunciada interpuso recursos administrativos, lo que generó una extensión de los plazos.
“Nosotras hemos elevado una nueva carta documento solicitando la restitución de las docentes en sus cargos originales. Mientras tanto, aguardamos que se dé inicio a la etapa de producción de pruebas dentro del procedimiento sumarial”, explicó.
La abogada subrayó que el apartamiento inicial de la directora no debe entenderse como una sanción, sino como una medida preventiva destinada a preservar tanto a la funcionaria denunciada como a las cuatro docentes denunciantes.
La investigación presumarial continúa en curso, cuenta con un expediente formal y se encuentra a la espera de nuevas definiciones administrativas.

