El fiscal Mariano Moyano, titular de la Unidad de Investigaciones N° 13 del Departamento Judicial Mar del Plata, insistió en la necesidad de prohibir el uso de teléfonos celulares por parte de las personas privadas de la libertad. Sus declaraciones se producen tras una investigación que permitió desbaratar una banda dedicada a cometer estafas virtuales y coordinar robos desde las cárceles de Olmos y Batán.
Moyano sostuvo que el Estado no cuenta con herramientas suficientes para controlar el uso de estos dispositivos dentro de las unidades penitenciarias.
“Tenemos sobradas muestras de que no hay capacidad del Estado para controlar estos aparatos”, afirmó el fiscal, quien consideró que la situación debe resolverse en beneficio de la comunidad.
Los teléfonos celulares fueron habilitados de manera excepcional para los internos durante la pandemia de coronavirus. Sin embargo, según advirtió Moyano, estos dispositivos son utilizados en numerosos casos para organizar actividades delictivas desde los lugares de detención.
Más de 5.000 llamados desde una cárcel
Como ejemplo de esta problemática, el fiscal hizo referencia a la reciente investigación que permitió desarticular una organización vinculada con estafas virtuales y robos.
Durante las tareas investigativas, se identificó un teléfono celular con señal activa dentro de la cárcel de Olmos, desde el cual se realizaron más de 5.000 llamados. Posteriormente, se detectó otra línea que también habría sido utilizada para realizar comunicaciones.
Para Moyano, los resultados de esta investigación evidencian las dificultades para controlar el uso de teléfonos móviles en los establecimientos penitenciarios y refuerzan la necesidad de revisar el régimen excepcional que permitió su utilización.
“Hay que prohibir los celulares en las cárceles en pos del beneficio de la comunidad”, planteó el fiscal, al insistir en que la falta de controles efectivos facilita que algunas personas continúen coordinando delitos desde su lugar de detención.
