Las Sociedades Rurales del sudeste bonaerense manifestaron un fuerte rechazo a los cambios introducidos en el sistema de vacunación contra la fiebre aftosa, dispuestos por el Senasa a través de la resolución 201/26.
La medida habilita a los productores ganaderos a contratar veterinarios privados para aplicar las dosis, sin depender exclusivamente de las fundaciones u otros entes sanitarios que históricamente estuvieron a cargo de las campañas. Esta modificación generó preocupación entre las entidades rurales de la región, entre ellas la Sociedad Rural de Balcarce, nucleadas en CARBAP.
Durante un encuentro realizado en Necochea, los dirigentes emitieron un comunicado en el que advirtieron que debilitar el rol de las fundaciones podría poner en riesgo el estatus sanitario alcanzado por el país y, en consecuencia, el acceso a mercados internacionales.
En ese sentido, defendieron el trabajo de los entes sanitarios, al considerar que han sido fundamentales en el control y la erradicación de la enfermedad, permitiendo que Argentina mantenga la condición de país libre de fiebre aftosa con vacunación.
Asimismo, señalaron que la nueva normativa podría afectar el normal desarrollo de las campañas, que deben ejecutarse en tiempo y forma bajo la coordinación del Senasa. También cuestionaron que se rompe el principio de “solidaridad” entre productores, que garantizaba un costo uniforme de vacunación independientemente del tamaño de cada rodeo.
Otro de los puntos críticos planteados es la incertidumbre operativa que generará el nuevo esquema. Según indicaron, las fundaciones no podrán prever con exactitud la cantidad de animales a vacunar, lo que dificultará la planificación económica y el control de aspectos clave como la cadena de frío, esencial para la eficacia de las dosis.
En el mismo sentido, advirtieron que la falta de coordinación podría afectar el seguimiento de las campañas y el control sanitario general.
Los ruralistas también recordaron antecedentes históricos y alertaron sobre los riesgos de desarticular el sistema actual. “Se empuja a los productores a desarmar un esquema que permitió erradicar la fiebre aftosa del país”, sostuvieron, al tiempo que recordaron las consecuencias de la suspensión de la vacunación en 1999, que derivó en una crisis sanitaria y fuertes pérdidas económicas.
Finalmente, las entidades rurales expresaron su preocupación por el futuro del sistema y plantearon interrogantes sobre la responsabilidad en caso de fallas. “¿Quién garantizará la vacunación total del rodeo bovino?”, se preguntaron, al tiempo que advirtieron sobre la gravedad de una decisión que consideran unilateral y sin el debido consenso.

