El Gobierno nacional envió al Senado un proyecto de ley que propone derogar por completo la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable 27.642, conocida como ley de etiquetado frontal, sancionada años atrás con amplio respaldo del Congreso.
La iniciativa lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones. Ahora se aguarda el giro del proyecto a las comisiones correspondientes de la Cámara alta.
Mientras en el Senado continúan otros debates considerados prioritarios, como la reforma política, distintos sectores de la oposición dialoguista señalaron que no existe apuro para tratar la iniciativa y anticiparon que solicitarán estudios y fundamentos técnicos antes de avanzar.
“No hay urgencia de nuestro lado. Queremos ver los estudios que justifiquen esto”, indicaron desde una bancada aliada, mientras que otros legisladores consideraron que “hay aspectos para mejorar, pero eliminar toda la ley parece demasiado”.
En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo cuestionó el actual sistema de advertencias con octógonos negros al considerar que “dificulta una adecuada diferenciación entre alimentos con perfiles nutricionales diversos” y que presenta una “estructura binaria” que no refleja mejoras parciales en la composición de los productos.
Además, el Gobierno sostuvo que las restricciones vinculadas a publicidad, comunicación comercial y utilización de elementos gráficos en los envases generan limitaciones sobre actividades económicas y estrategias comerciales de la industria alimentaria.
Otro de los puntos destacados por la Casa Rosada apunta al impacto de la normativa sobre las pequeñas y medianas empresas. Según el texto oficial, las pymes enfrentan mayores costos para adaptar envases, líneas de producción y procesos de comercialización, lo que podría favorecer procesos de concentración de mercado en empresas de mayor escala.
“El proyecto procura reducir sobrecostos e ineficiencias vinculadas a la producción, comercialización, publicidad y empaquetado de alimentos, promoviendo un entorno más competitivo e innovador”, expresó el Ejecutivo en el mensaje enviado al Congreso.
La discusión comenzará en las próximas semanas en el Senado, donde diferentes bloques ya anticiparon que el debate requerirá consultas técnicas y análisis más profundos antes de una eventual definición legislativa.

