Una investigación llevada adelante por el Departamento de Operaciones Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico de la Policía Federal Argentina (PFA) permitió desarticular en Mar del Plata un clan familiar acusado de blanquear capitales ilegítimos vinculados al narcotráfico. Como resultado de la investigación, se confiscaron diversos bienes.
La causa se inició en 2018, cuando el juez Santiago Inchausti solicitó la elaboración de un informe patrimonial sobre once personas sospechadas. El informe fue presentado en junio de 2019 y determinó que los investigados no contaban con los medios económicos para justificar su nivel de vida ni el origen lícito de los bienes registrados a su nombre.
En febrero de 2023, el magistrado ordenó la profundización de la investigación a la División Antidrogas Mar del Plata de la PFA. En mayo de ese año se realizaron dos allanamientos que resultaron en la detención de una mujer de 57 años, el secuestro de varias dosis de marihuana, armas de fuego y documentación de interés. En esa instancia, uno de los principales sospechosos quedó prófugo y se ordenó su captura internacional. Fue detenido por la Policía de la Provincia de Buenos Aires en septiembre de 2024.
A partir de ese arresto, en octubre de 2024 se llevaron a cabo nuevos allanamientos vinculados al detenido y su concubina. En estos procedimientos se incautó documentación referida a propiedades y activos, además de una camioneta de alta gama registrada a nombre del cuñado de la mujer.
El análisis de los títulos de propiedad y activos encontrados derivó en una nueva etapa investigativa en noviembre de 2024. Esta fase incluyó tareas de inteligencia sobre el entorno familiar del detenido, con foco en su concubina. El objetivo fue detectar maniobras de lavado de activos presuntamente vinculadas al narcotráfico.
Del cruce de información surgieron tres nuevos sospechosos: el hermano, la hermana y el cuñado de la mujer, quienes figuraban como propietarios de vehículos y bienes sin registrar ingresos formales. Según el análisis técnico patrimonial y contable del Departamento interviniente, ninguno de ellos contaba con la capacidad económica o financiera para justificar las adquisiciones realizadas ni el nivel de vida mantenido.
Uno de los hallazgos más relevantes se produjo en una vivienda ubicada en Sierra de los Padres, propiedad de uno de los implicados. La casa, en etapa final de construcción y valuada en 550 mil dólares, había sido financiada casi en su totalidad por su hermana, quien también se vinculó a la contratación de la empresa constructora y a los pagos de materiales e insumos.
Un estudio patrimonial pormenorizado reveló que esa mujer había registrado ingresos en el 2024 por más de 51 millones de pesos, cifra que excedió por un amplio margen el tope permitido por la categoría de Monotributo en la que se encontraba inscripta.
Asimismo, a pesar de declarar actividades comerciales mínimas en un centro de estética y otro local de venta de indumentaria, el volumen de ingresos y la capacidad de inversión detectada evidenciaban una desproporción notable entre lo declarado y lo realmente percibido, alimentando la hipótesis de que esos negocios funcionaban como pantallas para la canalización de fondos de origen ilícito.
Consecuentemente, se identificaron inmuebles y vehículos cuyo valor de mercado conjunto se estimó en aproximadamente 850 mil dólares, sin que exista respaldo documental ni legal que permita explicar el origen de los fondos utilizados para tales operaciones.




