En medio del debate por la creciente inseguridad, el fiscal general Fabián Fernández Garello advirtió que el problema del delito requiere una discusión mucho más profunda que el aumento de la presencia policial o el endurecimiento de las penas. Con casi cinco décadas de experiencia en el fuero penal, sostuvo que las respuestas de fondo deben abordar cuestiones estructurales como las adicciones, la violencia, el sistema penitenciario y las políticas de prevención.
El funcionario reconoció que «comprende la queja de la gente», ya que la ciudad atraviesa situaciones que generan una lógica preocupación. Sin embargo, remarcó que los hechos de extrema violencia no son nuevos y recordó que en otros momentos llegaron a registrarse tres homicidios en una misma tarde.
«Podemos tener anuncios coyunturales o modificaciones de forma, pero en general no han dado resultado», afirmó, al tiempo que aclaró que la solución no depende únicamente de la Policía o del Poder Judicial, sino que exige un abordaje integral por parte del Estado.
Las adicciones, el eje del problema
Fernández Garello señaló que desde la década del 90 comenzó a advertir un cambio en la modalidad de los delitos, con un incremento de la violencia que, a su entender, está estrechamente vinculado al avance de las adicciones.
En ese sentido, consideró que el Estado debería intervenir antes de que las personas ingresen al sistema penal y garantizar tratamientos adecuados durante el cumplimiento de una eventual condena.
«Hoy no tenemos tratamientos para este tipo de cuestiones», lamentó.
Para el fiscal general, atacar el consumo problemático constituye una herramienta indispensable si se pretende reducir la violencia y la reincidencia.
Cárceles superpobladas
El funcionario también rechazó las versiones que sostienen que las cárceles están semivacías y aportó cifras que, según explicó, muestran una realidad opuesta.
Recordó que la Unidad Penal Nº15 fue diseñada para albergar entre 500 y 600 internos, pero actualmente cuenta con alrededor de 1.500 personas privadas de la libertad. A eso se suma la alcaidía penitenciaria local, construida para unas 400 plazas, donde hoy permanecen aproximadamente 700 detenidos.
Frente a este escenario, explicó que el Estado tiene la obligación constitucional de garantizar condiciones dignas de alojamiento para quienes se encuentran bajo su custodia.
«Cuando un interno está bajo tutela estatal tiene los mismos derechos a ser alojado en condiciones adecuadas», sostuvo, al referirse al hacinamiento que obliga a los jueces a considerar también los derechos humanos de las personas detenidas.
La «puerta giratoria»
Consultado sobre una de las críticas más frecuentes de la sociedad, Fernández Garello aseguró que la denominada «puerta giratoria» existe, aunque aclaró que responde al funcionamiento del marco legal vigente y no a decisiones arbitrarias de jueces o fiscales.
Explicó que muchas de las libertades anticipadas son consecuencia de leyes que permiten determinados beneficios.
«Si una persona salió antes es porque hay una ley que lo permite. Nosotros los fiscales nos oponemos sistemáticamente, pero el juez también tiene que cumplir la ley», expresó.
Asimismo, indicó que las reducciones de pena previstas para los casos de flagrancia están contempladas en el Código Penal.
«Esa es la puerta giratoria. Expliquemos por qué existe», planteó.
El fiscal agregó que numerosos imputados atraviesan previamente mecanismos como la probation, condenas condicionales o juicios abreviados antes de recibir una pena de cumplimiento efectivo, situación que alimenta la percepción social de que los delincuentes ingresan y salen del sistema penitenciario sin mayores consecuencias.
Un debate de fondo
Finalmente, Fernández Garello insistió en que el actual contexto debe servir para impulsar una discusión más amplia sobre las causas estructurales del delito.
A su criterio, el crecimiento de las adicciones, el aumento de la violencia vinculada al consumo problemático, la crisis del sistema penitenciario, las limitaciones del marco normativo y la necesidad de políticas públicas que integren seguridad, salud y prevención forman parte de un mismo problema.
«Las respuestas que la gente pide no pueden ser solamente coyunturales. Hay que empezar a explorar otras soluciones para resolver los problemas de fondo», concluyó.
