La ingeniera agrónoma Virginia Aparicio, investigadora de la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, participó de una iniciativa internacional destinada a evaluar los riesgos del uso de plaguicidas. El proyecto incluyó el análisis de muestras biológicas de más de 70 voluntarios, pero la participación argentina fue interrumpida por decisión de las autoridades del INTA en diciembre de 2023.
La participación argentina en el proyecto internacional SPRINT comenzó a gestarse en 2018, cuando el equipo de Labintex Europa, el primer laboratorio virtual del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en el exterior, propuso vincular a la ingeniera agrónoma Virginia Aparicio, de la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, con la especialista en suelos Violette Geissen, de la Universidad de Wageningen, en Países Bajos.
El objetivo era desarrollar, junto con investigadores de distintos países europeos, propuestas tecnológicas alternativas al uso de plaguicidas o que permitieran reducir su utilización sin comprometer la competitividad de los sistemas productivos.
Dos años después, aquella iniciativa se formalizó mediante un convenio que incorporó a la Argentina al proyecto SPRINT, sigla en inglés de Transición Sostenible de Protección Vegetal: un Enfoque de Salud Global. El país fue el único participante no europeo, en consideración a su relevancia como exportador de soja destinada a la alimentación animal.
La iniciativa, financiada por la Comisión Europea, buscaba desarrollar una herramienta de evaluación de riesgos desde una perspectiva integral de la salud, contemplando los costos y beneficios asociados al uso de plaguicidas.
Muestras biológicas para evaluar la exposición a plaguicidas
Durante la primavera de 2021, más de 70 voluntarios participaron de un relevamiento que incluyó a productores convencionales, agricultores agroecológicos y familias que residían cerca de áreas de cultivo.
Los participantes aportaron muestras de sangre, orina y heces, además de hisopos nasales, con el propósito de analizar la presencia de plaguicidas y evaluar la exposición humana a estas sustancias.
El trabajo formaba parte de una investigación internacional que buscaba aportar evidencia científica para comprender los riesgos asociados al uso de productos fitosanitarios y desarrollar alternativas que permitieran reducir la exposición.
Sin embargo, cuando el proyecto se acercaba a su finalización, las autoridades del INTA resolvieron retirar a la Argentina de la iniciativa.
La salida de Argentina y las denuncias de presiones
De acuerdo con el relato publicado sobre el caso, la decisión de abandonar el proyecto estuvo vinculada con presiones de entidades agropecuarias nucleadas en la Mesa de Enlace. Una fuente vinculada al Consejo Directivo del organismo sostuvo que las organizaciones rurales habían advertido sobre las posibles consecuencias de la difusión de los resultados, ante el temor de que derivaran en nuevas restricciones para la producción.
La fuente afirmó que las autoridades del INTA optaron por ceder ante esos planteos en lugar de sostener la investigación.
En ese contexto, el 7 de diciembre de 2023, el entonces presidente del INTA, Mariano Garmendia, firmó la Resolución 1081/2023, que formalizó el fin de la participación argentina en el proyecto SPRINT. La medida se adoptó tres días antes de la asunción del nuevo gobierno nacional.
La resolución también instruyó al entonces director nacional del organismo, Carlos Parera, a comunicar la decisión a Violette Geissen, coordinadora del proyecto, y requirió a Virginia Aparicio la presentación del informe final con los resultados de la investigación.
La suspensión de una presentación de resultados
Otro de los episodios señalados en torno al caso ocurrió cuando, según la información difundida, Parera instruyó a Aparicio a suspender una reunión virtual que estaba prevista para presentar los resultados del relevamiento.
La suspensión fue denunciada como un acto de censura, debido a que impedía la difusión de los avances de una investigación sobre la exposición humana a plaguicidas.
Aparicio, por su parte, defendió la continuidad del trabajo y buscó convencer a las autoridades de la importancia científica de mantener la participación argentina. No obstante, el retiro del país dejó interrumpida esa línea de investigación dentro del proyecto internacional.
La controversia abrió interrogantes sobre la continuidad de los estudios, la difusión de sus resultados y las posibilidades de desarrollar herramientas científicas que contribuyan a reducir la exposición a plaguicidas sin perder de vista la sustentabilidad y la competitividad de los sistemas productivos.
