En el marco de una sesión del Concejo Deliberante, se abordó el proyecto de comunicación presentado por la concejal Sol Di Gerónimo, de Fuerza Patria, mediante el cual se plantea que cese el hostigamiento a los vecinos por parte de un estudio jurídico que lleva adelante gestiones de cobro vinculadas a deudas con OSEBAL SAPEM.
Ante la situación planteada, se solicitó una prórroga de 180 días para avanzar con la regularización de las deudas y generar alternativas que permitan a los contribuyentes afrontar los montos adeudados.
Di Gerónimo sostuvo que existe preocupación entre vecinos que reciben llamados vinculados al reclamo de deuda. “Hay muchos vecinos que no atienden el teléfono ante el miedo de caer en una estafa o en el cuento del tío”, señaló.
La concejal también cuestionó las condiciones ofrecidas para quienes sí toman contacto con el estudio jurídico o la empresa. “No digo que no haya que pagar, pero habría que darle la posibilidad al vecino de pagar en cuotas y no excluirlo”, manifestó.
Por su parte, el concejal Enrique Guillén, de La Libertad Avanza, pidió convocar al nuevo gerente de la empresa para conocerlo y saber cuáles son los lineamientos que pretende implementar al frente de OSEBAL.
“No puede llegar a la ciudad y en diez días querer cobrar lo que los vecinos no han podido pagar durante meses. Además, no hay cuotas disponibles para regularizar la situación, sino que se debe abonar en una sola cuota”, afirmó Guillén.
El edil también planteó interrogantes respecto de la situación económica de OSEBAL SAPEM y su capacidad para sostenerse con recursos propios. “Me gustaría saber si la Municipalidad está poniendo plata y si realmente la empresa se puede sostener sola, porque daría la impresión que hay algo que no está funcionando”, expresó.
Guillén consideró además que el mecanismo utilizado para reclamar las deudas podría dificultar la regularización por parte de los contribuyentes. “No solo no van a pagar el agua, sino ningún otro servicio”, sostuvo.
Finalmente, señaló que durante el proceso de reclamo se habrían producido diferencias en los montos informados a los vecinos. Según relató, desde el estudio jurídico se les habría comunicado un determinado importe, mientras que desde la empresa se les habría indicado otro.
El tema quedó así planteado en el Concejo Deliberante, con el pedido de una prórroga de 180 días y la posibilidad de avanzar en alternativas de pago que permitan a los vecinos regularizar sus deudas.
