El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su estrategia de reorganización del sistema vial al avanzar con la apertura de sobres de la licitación para concesionar distintos corredores en todo el país. En ese esquema, uno de los tramos más relevantes es el denominado Sur–Atlántico – Acceso Sur, que incluye rutas nacionales en territorio bonaerense, entre ellas la Ruta 226, que nace en Mar del Plata y conecta con el interior, pasando por Balcarce.
El proceso contempla la explotación, administración y mantenimiento de estos corredores bajo un modelo de gestión privada. Según la información oficial, el esquema se apoya en inversión 100% privada, con el objetivo de garantizar obras y servicios sin financiamiento estatal directo.
En esta etapa, se conocieron las ofertas económicas presentadas por las empresas interesadas, centradas principalmente en el valor de los peajes. Para el tramo Sur–Atlántico – Acceso Sur continúan en carrera seis firmas, siendo la propuesta más baja la de Concret Nor SA, con una tarifa base cercana a los $997 sin IVA, calculada a valores de mediados de 2025.
Las restantes ofertas se ubican por debajo de los valores actuales del peaje El Dorado, en el tramo entre Mar del Plata y Balcarce, con montos que oscilan entre $1.057 y $1.322. Este dato aparece como uno de los puntos clave del proceso, ya que el esquema prevé que la recuperación de la inversión se realice a través del cobro a los usuarios.
El modelo de concesión no sólo incluye el mantenimiento de la infraestructura existente, sino también la obligación de ejecutar mejoras y garantizar estándares operativos, con especial énfasis en la seguridad vial y la conectividad logística. La iniciativa se enmarca en una política más amplia del Gobierno nacional orientada a reducir el gasto público y trasladar la responsabilidad de inversión al sector privado.
Sin embargo, la licitación quedó envuelta en una fuerte controversia política. El gobierno de Axel Kicillof cuestionó el proceso y denunció un “negociado”, tras la decisión de Vialidad Nacional de dejar fuera de competencia a Aubasa, la empresa estatal bonaerense que actualmente gestiona corredores clave como la Autovía 2 y la Ruta 11.
El organismo nacional declaró inválida la oferta de Aubasa al considerar que no cumplía con los requisitos de experiencia en ejecución de obras viales, al sostener que los trabajos realizados en las rutas bajo su concesión fueron llevados adelante por terceros contratistas y no por la empresa de manera directa. Esta decisión ya fue apelada por la administración provincial.
Mientras tanto, la evaluación de las propuestas continuará en las próximas semanas. De ese análisis surgirá qué empresas quedarán a cargo de uno de los corredores más estratégicos para el tránsito hacia la costa atlántica y el sur bonaerense, en un proceso que combina definiciones técnicas con un fuerte trasfondo político.

