Los cuestionamientos por el incremento en el costo de las licencias de conducir profesionales continúan luego de que se conocieran los montos definitivos que deberán afrontar los trabajadores para tramitar el registro interjurisdiccional. En ese contexto, el concejal Ariel Bordaisco presentó un proyecto de comunicación para solicitar al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) que informen los motivos que derivaron en un aumento del 1264% en el valor del trámite.
La iniciativa fue impulsada tras la implementación, desde el pasado 6 de julio, de un nuevo procedimiento que obliga a los conductores a realizar evaluaciones psicofísicas y capacitaciones ante prestadores externos habilitados por la ANSV, una modificación que elevó considerablemente el costo de una licencia indispensable para quienes desarrollan actividades vinculadas al transporte.
«Estamos hablando de una herramienta de trabajo para miles de personas. Choferes de colectivos, transportistas, conductores de ambulancias, taxistas, remiseros y otros trabajadores necesitan esta licencia para desempeñar su actividad. Por eso resulta preocupante que se impongan mayores costos y más dificultades para obtenerla y esto refleja un castigo al que trabaja», sostuvo Bordaisco.
A través del proyecto, el bloque UCR + Nuevos Aires solicita que las autoridades expliquen cuáles fueron los fundamentos que llevaron a implementar un esquema que, según advierten, elevó el costo del trámite en más de un 1200% para las categorías profesionales C1, C2, C3, D1 a D4, E1 y E2.
Además, el expediente reclama que se informe cuáles son los prestadores externos habilitados para realizar las evaluaciones psicofísicas y las capacitaciones obligatorias dentro del Partido de General Pueyrredon. Desde el bloque señalaron que gran parte de las gestiones que anteriormente se realizaban íntegramente en la órbita municipal ahora quedaron en manos de terceros autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Otro de los puntos del proyecto apunta a conocer por qué se decidió que el trámite dejara de realizarse completamente en los municipios, pese a que, según sostienen, existen recursos humanos, infraestructura y capacidad técnica suficientes para llevar adelante todo el procedimiento a nivel local.
Finalmente, la iniciativa solicita precisiones sobre el destino de los importes abonados por los trabajadores al momento de obtener o renovar la licencia profesional interjurisdiccional. En ese sentido, pide que se detalle cómo se distribuyen las tasas y aranceles entre los distintos organismos y prestadores que intervienen en el trámite.
