Instituciones educativas de gestión privada que trabajan con alumnos con discapacidad expresaron su preocupación ante el desfinanciamiento que atraviesa el sector. Desde la Asociación de Instituciones de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) respaldan el proyecto de ley de Emergencia en Discapacidad presentado en el Congreso de la Nación, y alertan sobre el impacto que el congelamiento de aranceles y los atrasos en los pagos generan en la calidad de atención y la continuidad de los servicios.
AIEPA, que agrupa a más de un centenar de servicios educativos, sostiene que el tema no debe quedar supeditado a disputas políticas. La organización advierte sobre un desfase superior al 70% entre los aranceles cobrados y la inflación acumulada. A esto se suma el retraso en los pagos por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud, que llegan con hasta 90 días de demora, lo que compromete el pago de salarios, servicios e insumos.
Laura Giorgi, referente de educación especial en AIEPA, explicó que esta situación no solo afecta a las instituciones, sino también a los derechos de los estudiantes. Según afirmó, sin una solución inmediata, se ve comprometido el sostenimiento de puestos de trabajo y la inclusión de niños y jóvenes con discapacidad.
La problemática también alcanza a alumnos con discapacidad que concurren a escuelas comunes, donde requieren apoyos como maestros integradores, acompañantes terapéuticos y profesionales de distintas disciplinas. AIEPA advierte que muchos de estos especialistas no pueden trabajar debido a las condiciones económicas actuales.
El conflicto tiene origen en diciembre de 2024, cuando la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó de actualizar el nomenclador nacional que regula los aranceles. Desde entonces, las instituciones trabajan con tarifas desactualizadas y acumulan deudas. Algunas redujeron servicios y otras evalúan cerrar. La mayoría opera con déficit.
En La Matanza, Alejandra Luciani, representante legal de la institución Portal del Sol, describió el impacto de la situación en su establecimiento, que brinda jornada extendida y comedor. Señaló que los costos fijos aumentan, mientras las cuotas se mantienen congeladas, y planteó la necesidad de una política pública que garantice equidad en el acceso a la educación.
Desde Mercedes, Elena Sequeira, directora de Vamos Creciendo, alertó sobre deudas acumuladas por más de 278 millones de pesos y pagos que demoran hasta 120 días. También señaló que las autorizaciones para tratamientos se aprueban con varios meses de demora, lo que afecta directamente a las familias y a la continuidad de las terapias.
AIEPA reclama una solución estructural, con actualizaciones acordes a la inflación y un sistema de pagos más eficiente. También pide fortalecer el rol de la Agencia Nacional de Discapacidad para garantizar un funcionamiento ágil y justo. Según la entidad, el compromiso del sector con la educación de personas con discapacidad se mantiene, pero requiere respuestas urgentes para no poner en riesgo la continuidad de los servicios.

