La entidad denunció el desfinanciamiento del organismo y alertó sobre las consecuencias de la interrupción de prestaciones para jubilados y pensionados. Reclamó una mesa de diálogo urgente, actualización de aranceles y cancelación de las deudas con prestadores y profesionales.
El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires emitió un nuevo comunicado en el que advirtió que la crisis del PAMI dejó de ser un conflicto vinculado exclusivamente con los honorarios médicos y el financiamiento de las prestaciones para convertirse en una amenaza para el funcionamiento del sistema sanitario en su conjunto.
La entidad cuestionó el progresivo deterioro de la cobertura de salud destinada a jubilados y pensionados, denunció el desfinanciamiento del organismo y reclamó una respuesta urgente de las autoridades nacionales ante las consecuencias que la situación genera tanto para los afiliados como para los profesionales y las instituciones prestadoras.
En su pronunciamiento, el Colegio rechazó que las medidas adoptadas puedan justificarse como parte de un proceso de reordenamiento fiscal y las definió como una “política deliberada de asfixia programada sobre la red prestacional”, con efectos que, según advirtió, exceden a los sectores directamente afectados por el conflicto.
La presión sobre los hospitales públicos
Uno de los principales puntos de preocupación señalados por la entidad es el traslado de pacientes al sistema público cuando se interrumpen convenios con prestadores o los sanatorios dejan de atender debido a las condiciones económicas de los contratos.
“La interrupción de convenios y la negativa de atención en sanatorios no hace desaparecer la enfermedad”, expresaron desde el Colegio. En ese sentido, advirtieron que la demanda recae de manera inmediata sobre los hospitales provinciales y municipales, cuyas guardias y salas de internación ya funcionan bajo una fuerte presión asistencial.
De esta manera, la institución sostuvo que las dificultades financieras del PAMI no solo comprometen la atención de sus afiliados, sino que también generan consecuencias sobre el conjunto de la red sanitaria, especialmente en el sistema público.
Honorarios atrasados y dificultades para sostener las prestaciones
El comunicado también puso el foco en la situación de los profesionales de la salud y de las instituciones que garantizan la atención cotidiana. Según denunció la entidad, el congelamiento y el retraso de aranceles, cápitas y módulos quirúrgicos, sumados a las deudas acumuladas, ponen en riesgo la continuidad de las prestaciones y deterioran las condiciones de trabajo médico.
“Los profesionales de la salud no somos variables de ajuste ni escudos de contención del desamparo estatal”, enfatizaron.
El Colegio vinculó esta problemática con la pérdida de valor de los honorarios, la sobrecarga asistencial y las dificultades que enfrentan los médicos para desarrollar su tarea en condiciones adecuadas. Además, advirtió sobre los dilemas éticos y las responsabilidades legales a las que pueden quedar expuestos los profesionales ante la falta de insumos básicos para brindar atención.
Preocupación por la atención de los adultos mayores
Otro de los ejes centrales del reclamo está relacionado con las consecuencias que la crisis puede tener sobre los jubilados y pensionados, considerados un sector especialmente vulnerable frente a las demoras, la interrupción de tratamientos y las dificultades para acceder a medicamentos, consultas y cirugías.
En ese marco, el Colegio recordó que “la salud es un derecho humano fundamental garantizado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales, no una mercancía prescindible ni una ‘carga’ presupuestaria”.
La entidad sostuvo que la situación debe abordarse como un problema de salud pública y no exclusivamente como una cuestión administrativa o presupuestaria. Asimismo, cuestionó la falta de respuestas institucionales y las dificultades para sostener canales de diálogo con las autoridades sanitarias nacionales.
Los reclamos a las autoridades nacionales
Frente a este escenario, el Colegio de Médicos bonaerense reclamó una serie de medidas urgentes para garantizar la continuidad y la calidad de las prestaciones del PAMI.
Entre los principales pedidos se encuentran:
- La convocatoria a una mesa de diálogo resolutiva entre el Ministerio de Salud de la Nación, el PAMI y las entidades prestadoras.
- La adecuación inmediata de los aranceles y las cápitas a los costos operativos reales.
- La cancelación de las deudas acumuladas con instituciones y profesionales.
- El establecimiento de garantías estatales para asegurar la continuidad y la calidad de la atención sanitaria.
Finalmente, la entidad remarcó que la defensa de los afiliados, de los profesionales y de las instituciones que integran la red prestacional requiere respuestas concretas y no más dilaciones.
“Defender al PAMI, a sus prestadores y a los profesionales médicos es defender la vida de nuestros mayores y el derecho inalienable del pueblo a una atención digna y oportuna”, concluyó el comunicado.
