martes 23, junio, 2026

El Gobierno analiza dar de baja más de 220 mil pensiones por discapacidad laboral

A los funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ya no los sorprende nada. Los resultados de las auditorías que realizan sobre el universo de más de 1.800.000 beneficiarios de Pensiones No contributivas que tienen un Certificado Único por Discapacidad (CUD) detectaron situaciones entre “disparatadas” y “escandalosas”.

Un porcentaje de esos beneficios -sobre todo en los beneficios otorgados por Discapacidad Laboral-, que podría ascender y hasta superar el 50%, habrían sido otorgadas como una política de “subsidios discrecionales” en los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y de Alberto Fernández, no como producto de una evaluación médica y necesidad social ante una vulnerabilidad manifiesta.

Hay casos escandalosos: certificados que indicaban “amputaciones” que no eran tales. Una misma radiografía fue utilizada en 150 trámites; diagnósticos por “pie plano”, una mujer que se disfrazó para hacerse pasar por su esposo, presos que se presentaron a la evaluación, y hasta muertos que seguían cobrando el beneficio estatal de 270 mil pesos mensuales.

Las auditorias en marcha
El 12 de febrero pasado el gobierno de La Libertad Avanza, en el marco del reordenamiento del sistema que está llevando la cartera a cargo de Mario Lugones se enviaron las 300.000 primeras cartas documento para comenzar a auditar todas las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL) activas. Al mes de abril el número trepó a 470.000 intimaciones de las cuales se entregaron 248.877.

De las 221.189 que no se entregaron fue porque:

-El 70% no completó de manera debida la dirección dónde viven

  • El 10% declaró desconocer a la persona que figuraba en la carta documento.
  • 928 personas fallecieron, pero una persona cercana seguía percibiendo el beneficio.
  • 11.000 beneficiarios se mudaron y no declararon la nueva dirección.
  • 3.900 se negaron a recibir la intimación para someterse a una nueva evaluación médica.
  • 100 renunciaron a la pensión tras haberla recibido la carta documento. Una alta fuente de la ANDIS le dijo a este medio que: “Hay en estudio 224.657 pensiones que podrían ser dadas de baja en el corto plazo por diversos motivos”. Hasta el momento se realizaron 83.616 entrevistas médicas y hay 128.660 programadas.

Según las cifras que la cartera de Lugones hizo pública las auditorías sobre este tipo de pensiones es un “proceso progresivo que abarca más de un millón de casos y que busca garantizar que las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral cumplan con los criterios legales establecidos y asegurar que el beneficio llegue exclusivamente a quienes lo necesitan de acuerdo con el decreto 842/2024″.

Si las proyecciones realizadas por el Ministerio de Salud y la ANDIS se mantienen, el gobierno de Javier Milei “espera generar un ahorro de 900 mil millones de pesos en 2025″. Esto es más de 700 millones de dólares.

Recurso de amparo
Las auditorias en marcha generan controversia. La Alianza Argentina de Pacientes Asociación Civil (ALAPA), patrocinada por el abogado Nicolás Rechanik, interpuso una acción de amparo contra el Estado Nacional, específicamente contra la ANDIS para que se suspendan de manera urgente las auditorías presenciales de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, por considerarlas violatorias de derechos fundamentales.

La presentación solicita que se ordene al Estado dictar un acto administrativo que regule con claridad y participación social el procedimiento de control, incluyendo la presencia de representantes de personas con discapacidad en la elaboración de los protocolos.

También solicitan que se suspendan de inmediato los operativos presenciales en todo el país, hasta que se cumplan tres condiciones: la aprobación de un protocolo conforme a los estándares internacionales, la garantía de condiciones accesibles y no traumáticas, y la incorporación de mecanismos alternativos como auditorías virtuales, domiciliarias o con apoyos.

La demanda detalla una serie de episodios ocurridos en marzo y abril de 2025 en distintas provincias que, según el escrito, constituyen tratos inhumanos hacia personas con discapacidad. En Quilmes, se documentaron largas filas bajo el sol sin agua ni sombra, lo que provocó descompensaciones. “En Morón, los convocados esperaron hasta diez horas para ser atendidos durante una ola de calor”. En Villa Ocampo, las auditorías colapsaron el sistema público de salud y obligaron a los beneficiarios a trasladarse a Reconquista. En el departamento 9 de Julio (Santa Fe), algunos debieron recorrer hasta 400 kilómetros para asistir a las citaciones.

Fuente: Infobae

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