Un informe del Instituto Argentina Grande, elaborado con datos oficiales, señala que las obras sociales nacionales perdieron más de un millón de afiliados desde noviembre de 2023. La caída del empleo registrado y el avance de la informalidad aparecen como las principales causas de un fenómeno que golpea con especial fuerza al conurbano bonaerense.
La crisis económica también profundiza el deterioro del sistema de salud. La pérdida de puestos de trabajo registrados, el crecimiento de la informalidad y el aumento de los costos de las coberturas privadas están provocando una reducción sostenida de la cantidad de personas que cuentan con una obra social o prepaga.
Un informe reciente del Instituto Argentina Grande (IAG), elaborado a partir de datos oficiales, reveló que las obras sociales nacionales perdieron más de un millón de afiliados desde la asunción de Javier Milei. En paralelo, alrededor de 1,2 millones de personas quedaron sin ningún tipo de cobertura de salud, por lo que dependen exclusivamente del sistema público.
De acuerdo con las cifras de la Superintendencia de Servicios de Salud, entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 las obras sociales nacionales registraron una pérdida de 1.028.412 beneficiarios. Entre las entidades más afectadas se encuentra la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC), que exhibió una de las mayores caídas en cantidad de afiliados.
También sufrieron fuertes retrocesos las obras sociales de los trabajadores rurales (OSPRERA), de los empleados de la Unión del Personal Civil de la Nación (OSPCN), de los trabajadores de la construcción (OSPECON) y de los petroleros (OSPE).
El fenómeno no se limita a un sector específico ni a una región determinada. La pérdida de cobertura atraviesa al país, aunque el impacto presenta diferencias según cada territorio.
El conurbano, entre las zonas más afectadas
Según el informe del IAG, el noreste argentino es la región que concentra el mayor porcentaje de personas sin obra social, con un 46,3%. Sin embargo, el deterioro de la cobertura durante los últimos años tuvo un impacto particularmente fuerte en el Gran Buenos Aires.
En esa región, la cantidad de personas que solamente pueden recurrir al sistema público de salud aumentó un 18,49% desde el inicio del gobierno de Milei, de acuerdo con el relevamiento.
“Esto impacta con mucha fuerza en el conurbano bonaerense porque hay una densidad de población muy fuerte y es donde se pierden muchos empleos”, explicó Hernán Herrera, coordinador del área de Economía del IAG.
El estudio también contabiliza que alrededor de 1,25 millones de personas perdieron cobertura de salud privada durante el actual gobierno, considerando tanto obras sociales como empresas de medicina prepaga.
La situación llevó además a que varias obras sociales fueran declaradas “en situación de crisis” por el Gobierno nacional. Algunas de ellas ya habían recibido esa calificación durante el año anterior. Entre las que lograron revertir su situación se encuentra la Obra Social de Técnicos de Fútbol (OSTECF).
El empleo registrado, en el centro de la crisis
Detrás de la pérdida de afiliados aparece un factor determinante: la situación del mercado laboral.
El funcionamiento del sistema es directo. Cuando un trabajador pierde un empleo formal, también pierde la cobertura de la obra social asociada a ese puesto. Y si consigue una nueva ocupación, solamente recuperará ese beneficio si vuelve a insertarse en un empleo registrado.
De esta manera, el avance de la informalidad termina debilitando a las obras sociales, que reciben menos aportes y cuentan con una menor cantidad de afiliados.
Los datos recientes del mercado laboral reflejan esa tendencia. Según las cifras del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en mayo el empleo registrado en el sector privado cayó 0,1%, mientras que el trabajo monotributista aumentó en la misma proporción.
El IAG, a partir de datos del SIPA y del INDEC, calcula una pérdida de 329.600 puestos de trabajo entre los sectores público y privado, mientras que el crecimiento del monotributo no alcanza para compensar la caída del empleo registrado.
“El monotributo crece de manera sostenida desde 2012, con más fuerza desde 2020. Sin embargo, desde el cambio de gestión, su aumento no es suficiente para contrarrestar la caída del empleo registrado”, señaló el Instituto.
En ese contexto, la organización advierte: “La actividad crece, pero destruye trabajo en relación de dependencia”. El crecimiento del monotributo, además, no logra absorber los puestos que desaparecen del sector formal.
Una excepción dentro del universo de las obras sociales es la Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas (OSDEPYM), que registró un crecimiento significativo de afiliados. El fenómeno está relacionado con el aumento de trabajadores que pasan a desempeñarse como monotributistas.
Más demanda sobre hospitales y centros de salud
La pérdida de cobertura privada tiene una consecuencia directa: más personas recurren al sistema público.
El fenómeno se observa especialmente en los municipios bonaerenses, que deben afrontar una demanda creciente en hospitales, centros de atención primaria y salas barriales.
“Lo que estamos viendo es que cada vez más vecinos tienen dificultades para acceder a una atención de salud a través de su obra social o prepaga, y eso inevitablemente termina generando una mayor demanda sobre el sistema público”, explicó el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi.
El jefe comunal detalló que durante el primer semestre de 2026 los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del distrito registraron más de 69.000 consultas, mientras que hay más de 47.000 personas empadronadas.
El dato que refleja con mayor claridad el cambio en la demanda es que el 56% de quienes utilizan esos centros cuenta exclusivamente con cobertura pública. En los primeros seis meses del año, además, el municipio otorgó más de 71.000 turnos, con un promedio de espera de cinco días.
Pero el problema no alcanza solamente a quienes quedaron completamente fuera del sistema de cobertura privada. También impacta sobre quienes todavía conservan una obra social o prepaga, pero encuentran mayores dificultades para acceder a determinadas prestaciones.
Incluso los afiliados recurren al sistema público
En el hospital Larraín de Berisso, durante el primer semestre de 2026, las consultas ambulatorias aumentaron un 20% y las atenciones por guardia un 10% respecto del mismo período del año anterior.
Al mismo tiempo, creció un 10% la cantidad de pacientes mutualizados.
Para Cagliardi, esto demuestra que una parte de quienes todavía cuentan con una obra social está recurriendo al sistema público ante las dificultades para afrontar los costos de atención en el sector privado.
“Esto genera una presión muy importante sobre los municipios y sobre todo el sistema público de salud”, sostuvo el intendente, quien destacó el esfuerzo realizado para sostener la atención, incorporar profesionales y garantizar la asistencia.
A su vez, planteó la necesidad de fortalecer tanto la salud pública como el sistema de obras sociales para evitar que la pérdida de cobertura se traduzca en una mayor desigualdad.
El impacto del ajuste
Desde el IAG vinculan la situación con la evolución del empleo y con las políticas económicas implementadas por el Gobierno nacional.
“Esto tiene mucho que ver con el modelo de ajuste que propone el gobierno nacional, en el que se pierden empleos registrados privados y públicos”, afirmó Herrera.
El coordinador del IAG también apuntó contra la evolución de los precios de las empresas de medicina prepaga, cuyos aumentos, según señaló, tuvieron un impacto significativo sobre los ingresos de las familias.
La combinación de menos empleo formal, mayor informalidad, pérdida de afiliados y dificultades para sostener las coberturas privadas configura así un escenario complejo para el sistema sanitario.
Pero las consecuencias no se limitan al funcionamiento financiero de las obras sociales. La pérdida de cobertura termina trasladándose a los hospitales y centros de salud públicos, que deben absorber una demanda cada vez mayor.
En definitiva, la crisis laboral y la crisis de las coberturas de salud aparecen como dos caras de un mismo fenómeno: mientras se reduce el universo de trabajadores con empleo registrado, también se achica la cantidad de personas que pueden acceder a una cobertura de salud vinculada al trabajo. Y esa población termina, cada vez con mayor frecuencia, recurriendo al sistema público.
