El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró inconstitucional el Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno nacional había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. El juez Martín Cormick ordenó al Poder Ejecutivo cumplir de manera inmediata con la normativa aprobada por el Congreso.
La resolución hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA). En el fallo, el magistrado dispuso el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario” y ordenó el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para su aplicación.
La controversia se originó luego de que el Poder Ejecutivo intentara frenar la implementación de la Ley 27.795 mediante un veto. Tras el rechazo del veto por parte del Congreso y la insistencia de ambas cámaras con las mayorías requeridas, el Gobierno promulgó la norma mediante el Decreto 759/2025, pero estableció que su ejecución quedaba supeditada a la determinación de las fuentes específicas de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes al Presupuesto General.
El CIN, la UBA y otras universidades recurrieron entonces a la Justicia para reclamar la aplicación efectiva de la ley, que contempla medidas vinculadas con el financiamiento de las casas de estudios y la recomposición salarial de docentes y no docentes.
En su sentencia, Cormick consideró que el decreto no superaba un “test mínimo de razonabilidad” al permitir suspender la aplicación de una ley que había sido ratificada por el Congreso luego del rechazo del veto presidencial.
Según el magistrado, la decisión del Poder Ejecutivo funcionó en los hechos como un mecanismo para impedir la aplicación de una norma sancionada por el Congreso. En ese sentido, sostuvo que se configuró una “figura de instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional”.
El juez también señaló que el control judicial sobre decisiones con impacto presupuestario no constituye una intromisión excepcional, sino una consecuencia del control de legalidad y constitucionalidad que corresponde a los tribunales.
Otro de los argumentos analizados en el fallo estuvo relacionado con el impacto fiscal de la Ley de Financiamiento Universitario. Cormick hizo referencia a que durante 2024 y 2025 no hubo una Ley de Presupuesto aprobada y se prorrogaron las partidas correspondientes al ejercicio 2023. Además, citó estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el impacto de la normativa durante 2025.
Con la decisión de primera instancia, el Poder Ejecutivo deberá avanzar con las medidas necesarias para poner en vigencia la Ley 27.795, mientras la resolución puede ser objeto de las instancias de apelación correspondientes.
