La Coprosa bonaerense aprobó por unanimidad solicitar la revisión de la Resolución 201/2026, que habilita la participación de veterinarios privados en las campañas de vacunación. El sector advierte que el nuevo esquema podría debilitar a los entes sanitarios y afectar la cobertura territorial.
La discusión por el futuro de la vacunación contra la fiebre aftosa volvió a ocupar el centro de la agenda agropecuaria. La Comisión Provincial de Sanidad Animal (Coprosa) de Buenos Aires aprobó por unanimidad una moción para solicitar al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) que revise la Resolución 201/2026, normativa que modifica el esquema vigente para las campañas de vacunación.
La resolución, impulsada por el Gobierno nacional en el marco de su política de desregulación, habilita la participación de médicos veterinarios particulares en la aplicación de las vacunas, modificando el sistema histórico basado en la intervención de los entes y fundaciones sanitarias.
El cambio generó un fuerte rechazo entre buena parte de las entidades del sector agropecuario y, según lo planteado ahora desde Buenos Aires, mantiene abiertas importantes dudas respecto de su impacto sanitario y operativo. La normativa continúa vigente y está prevista su aplicación a partir de la campaña de vacunación de 2027.
La Coprosa pidió derogar la Resolución 201
Durante la reunión de la Coprosa, los representantes de los distintos organismos que integran la comisión coincidieron en solicitar al Senasa que revea la normativa.
La posición no implica rechazar la participación de veterinarios particulares. El planteo bonaerense apunta a que cualquier modificación del sistema se construya mediante un proceso consensuado entre los organismos involucrados y que, fundamentalmente, preserve las garantías sanitarias alcanzadas.
Por ese motivo, mientras se desarrolla ese proceso de discusión, la Coprosa pidió que la Resolución 201 sea dejada sin efecto mediante su derogación.
Además, se acordó avanzar en un cronograma de trabajo conjunto con el Senasa y crear una comisión específica dentro de la Coprosa para analizar la implementación de la nueva normativa y elaborar propuestas.
Uno de los argumentos centrales es el papel que cumplen actualmente los entes sanitarios, integrados por productores, en la organización y fiscalización de las campañas.
Desde la mirada de la comisión, estos organismos permiten organizar las vacunaciones, controlar su desarrollo y garantizar una cobertura territorial que alcance también a los establecimientos de menor escala.
En ese sentido, la Coprosa solicitó al Senasa que revise la Resolución 201/2026, adecue sus disposiciones a la Ley Nacional 24.305, reconsidere la derogación de la Resolución 368/2011 y avance en eventuales modificaciones de manera consensuada con todos los actores del sistema.
“Nadie ha dicho que el sistema va a mejorar”
El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, fue uno de los principales cuestionadores de la nueva normativa durante el encuentro.
El funcionario puso el foco en la ausencia de argumentos que, a su entender, permitan demostrar que el cambio implica una mejora desde el punto de vista sanitario o epidemiológico.
“La verdad que acá no se ha expresado ninguna ventaja en términos sanitarios de la Resolución 201. Nadie ha dicho que en función de esto el sistema va a mejorar”, señaló Rodríguez.
Para el ministro, la discusión debería centrarse en determinar si el nuevo esquema mejora efectivamente la prevención y el control de la enfermedad, y no solamente en la búsqueda de una mayor desregulación de la actividad.
La Provincia también manifestó preocupación por tres aspectos principales: la atención de los pequeños productores, el eventual debilitamiento de los entes sanitarios y el riesgo de una menor cobertura de vacunación.
El temor por los productores de menor escala
Uno de los puntos que mayor preocupación genera es qué ocurrirá con los establecimientos pequeños si el sistema deja de apoyarse en una estructura sanitaria territorial y pasa a depender en mayor medida de la contratación individual de veterinarios.
Rodríguez planteó el problema desde el punto de vista económico. Según explicó, para un profesional independiente puede resultar menos conveniente trasladarse hasta un establecimiento para vacunar unos pocos animales que realizar una jornada de trabajo con un número elevado de cabezas.
“Un veterinario, un profesional independiente, cuando tiene que definir el costo, va a tener mayores dificultades para ir a un productor donde tiene que vacunar a cinco animales que cuando tiene que vacunar a 100”, ejemplificó.
La advertencia apunta directamente al principio de solidaridad que sostiene el funcionamiento de los entes sanitarios: organizar las campañas de manera que el servicio llegue a productores de diferentes escalas y zonas.
“Lo que podemos prever es muy complicado: va a pasar con muchos de los productores que tienen escalas más reducidas y que el veterinario no va a ir”, advirtió el ministro.
En el acta de la Coprosa quedó además registrada la preocupación por la sostenibilidad económica del sistema. El escenario que se analiza es que los establecimientos de mayor tamaño opten por contratar directamente a profesionales, mientras los productores más pequeños continúen dependiendo de los entes sanitarios.
De concretarse, ese proceso podría reducir los recursos disponibles para sostener la estructura territorial y afectar su capacidad operativa.
Reclaman definiciones antes de la próxima campaña
Además de cuestionar el cambio en sí mismo, la Provincia planteó la necesidad de contar con precisiones sobre cómo funcionará en la práctica el nuevo esquema.
Rodríguez advirtió que todavía existen numerosos interrogantes operativos mientras se aproxima una nueva etapa de aplicación de la normativa.
“Hoy tenemos en una fecha muy pronta un cambio enorme que atenta, que deteriora el sistema. Todavía no tenemos un montón de información”, sostuvo.
En ese contexto, reclamó al Senasa que defina cuanto antes las condiciones bajo las cuales se implementará la Resolución 201.
“No podemos esperar hasta el 21 de diciembre para que el 31 de diciembre digan ‘se prorroga un año’ o lo que sea”, cuestionó.
El acta de la comisión recoge también este pedido de una definición temprana por parte del organismo sanitario nacional, debido a la proximidad de las próximas campañas de vacunación.
Un rechazo transversal en la Provincia
La solicitud para revisar la normativa fue aprobada por unanimidad en la Coprosa bonaerense. Participaron de la decisión el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia, el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, Federación Agraria Argentina, CARBAP, las Regiones Sanitarias N.º 1, 2, 3 y 4 y Coninagro.
El Senasa, por su parte, se abstuvo de participar de la votación debido a que es precisamente el organismo al que está dirigida la solicitud.
De esta manera, el debate por la vacunación antiaftosa vuelve a escalar y suma un nuevo capítulo a la discusión entre el Gobierno nacional y distintos actores del sector agropecuario.
El punto de fondo ya no pasa solamente por quién puede aplicar la vacuna, sino por cómo garantizar que cualquier cambio regulatorio mantenga la cobertura sanitaria en todo el territorio, preserve el acceso de los pequeños productores y no debilite la estructura que sostiene las campañas de vacunación.
Mientras la Resolución 201/2026 continúa vigente y apunta a comenzar a aplicarse en 2027, desde Buenos Aires buscan abrir una instancia de diálogo con el Senasa para revisar el esquema antes de que el cambio se concrete.
