El concejal de Potencia, Gabriel Petruccelli, impulsó un proyecto de Comunicación mediante el cual solicita al Departamento Ejecutivo un informe detallado sobre la implementación y aplicación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) en el ámbito municipal. La iniciativa ya recibió aprobación en comisión y aguarda su tratamiento en el recinto.
La propuesta tiene como eje conocer el grado de cumplimiento de la Ordenanza Municipal Nº 172/24 y de la Ley Provincial Nº 13.074, normas que establecen mecanismos para promover el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y restringir determinados beneficios o trámites a quienes figuren como deudores.
Entre los fundamentos del proyecto, Petruccelli recordó que la ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante facultó al Ejecutivo municipal a exigir el Certificado de Libre Deuda Alimentaria para la realización de distintos trámites, permisos, licencias, beneficios y registros dependientes de la administración local.
Asimismo, señaló que la reciente Ley Provincial Nº 15.520 amplió el alcance del RDAM, incorporando nuevas obligaciones para organismos provinciales y municipales en cuestiones vinculadas a designaciones, contrataciones, otorgamiento de licencias y relaciones con proveedores del Estado.
Licencias de conducir, en el centro del planteo
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa está relacionado con el otorgamiento y renovación de licencias de conducir. En ese sentido, el edil solicita saber si el Municipio aplica lo dispuesto en el artículo 5, inciso d), de la Ley Provincial Nº 13.074, que establece la necesidad de requerir el correspondiente informe del Registro de Deudores Alimentarios Morosos al momento de tramitar una licencia.
Según argumenta el proyecto, el cumplimiento efectivo de las obligaciones alimentarias constituye una herramienta fundamental para garantizar derechos esenciales de niñas, niños y adolescentes, por lo que resulta necesario verificar que la normativa vigente esté siendo aplicada correctamente.
Pedido de precisiones al Ejecutivo
A través de la comunicación presentada, Petruccelli también requiere que el Ejecutivo informe si la Ordenanza Nº 172/24 fue reglamentada y se encuentra plenamente operativa, cuáles son los trámites municipales en los que actualmente se exige el Certificado de Libre Deuda Alimentaria y qué áreas intervienen en los controles y verificaciones correspondientes.
Además, solicita detalles sobre la existencia de resoluciones internas, actos administrativos, instructivos o mecanismos de articulación con organismos provinciales y judiciales destinados a garantizar la implementación efectiva de la normativa.
En los considerandos del proyecto se destaca que corresponde al Concejo Deliberante ejercer funciones de seguimiento institucional respecto de las ordenanzas sancionadas por el propio cuerpo, especialmente cuando se trata de herramientas orientadas a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
De esta manera, la iniciativa busca determinar si las disposiciones vigentes en materia de deudores alimentarios se encuentran plenamente incorporadas a la administración municipal y si los controles previstos por la legislación están siendo efectivamente aplicados en Balcarce.

