En las instalaciones de la Sociedad Rural local se llevó a cabo la reunión mensual de la Zona VI de CARBAP, que reunió a dirigentes rurales del sudeste bonaerense. Durante el encuentro, las entidades volvieron a expresar su preocupación por distintas medidas impulsadas por el Gobierno nacional y provincial que, según señalaron, generan incertidumbre y afectan el funcionamiento de las organizaciones y de los productores.
Uno de los principales temas abordados fue la Resolución 201/2026 del Senasa, que habilita a los productores a elegir veterinarios privados para llevar adelante las campañas de vacunación antiaftosa. Las entidades recordaron que ya en marzo habían advertido a las autoridades sobre las posibles consecuencias de su implementación.
Según manifestaron, el nuevo esquema genera confusión e incertidumbre, especialmente por el sistema burocrático de empadronamiento establecido, cuyo plazo de inscripción vence el próximo 15 de diciembre.
Además, señalaron que los profesionales privados deberán afrontar nuevas responsabilidades e inversiones vinculadas con la adquisición de dosis, el mantenimiento de la cadena de frío y la confección de actas. Al mismo tiempo, advirtieron que las fundaciones sanitarias pierden capacidad de planificación y organización frente al nuevo escenario.
A esta situación se suma la autorización del Gobierno para que los entes sanitarios comercialicen caravanas electrónicas, una actividad que varias organizaciones cuestionan por considerar que no forma parte de las funciones previstas en sus estatutos. De allí surge el planteo que sintetiza la posición de las entidades: «Los entes sanitarios son eso, y no ramos generales».
La estrategia sanitaria hacia 2027
Otro de los puntos de preocupación estuvo relacionado con el futuro de las campañas sanitarias. Las Rurales advirtieron que, si finalmente se avanza con la posibilidad de dejar de vacunar determinadas categorías de animales, será indispensable definir previamente cómo se sostendrá un sistema sanitario estricto y eficaz.
En ese sentido, remarcaron la importancia de contar con mecanismos capaces de responder ante cualquier contingencia, preservar el estatus sanitario argentino y evitar riesgos que puedan comprometer el acceso a los mercados internacionales.
VISEC y las exigencias de trazabilidad
La plataforma privada VISEC, utilizada para certificar la trazabilidad de las cadenas de carne y soja, también formó parte del debate.
Las entidades señalaron que tanto CRA como CARBAP ya manifestaron su preocupación por el funcionamiento y los alcances del sistema. Sin embargo, advirtieron que compradores y consignatarios comenzaron a anticipar que no operarán con productores que no estén inscriptos en la plataforma.
Entre los cuestionamientos mencionaron los costos que implica su utilización y el acceso a información considerada sensible sobre los establecimientos y la actividad productiva.
Frente a este panorama, reclamaron que las autoridades brinden precisiones sobre el alcance de VISEC y expliquen los motivos de su implementación, teniendo en cuenta que existen otras herramientas gratuitas o de carácter provincial que, según sostienen, permiten cumplir con objetivos similares.
Rechazo a los cambios en la Ley 13.010
Finalmente, las entidades expresaron un rechazo unánime a la modificación de la Ley 13.010 aprobada por la Legislatura bonaerense.
La norma habilita a los municipios, durante un período de 180 días, a destinar a obras hídricas vinculadas con el fenómeno de El Niño los fondos provenientes del Inmobiliario Rural que tienen asignación para el mantenimiento de caminos rurales.
Sobre este punto, las Rurales coincidieron con el planteo expresado por CARBAP y cuestionaron que se utilicen recursos destinados a una infraestructura esencial para atender otra necesidad, también importante para el territorio bonaerense.
«Es inadmisible resolver una necesidad desfinanciando otra infraestructura esencial», remarcaron.
De esta manera, la reunión de la Zona VI volvió a poner sobre la mesa una serie de reclamos vinculados con la política sanitaria, la trazabilidad y el financiamiento de los caminos rurales, cuestiones que las entidades consideran centrales para el presente y el futuro de la actividad agropecuaria.
