El 15 de noviembre de 2017, el submarino ARA San Juan desapareció en el Atlántico Sur con 44 tripulantes mientras realizaba una misión de patrullaje marítimo. Durante días se sucedieron rumores, hipótesis y acusaciones cruzadas sin información certera para las familias, que aguardaban novedades sobre el paradero de la nave.
Con el paso de las semanas, la búsqueda permitió confirmar el fallecimiento de los submarinistas y se los dio por muertos. Un año después, y tras peritajes solicitados por los familiares, se estableció que el submarino había implosionado a más de 900 metros de profundidad. Las causas continúan bajo investigación, con distintas líneas que incluyen posibles fallas en baterías, problemas eléctricos, una explosión interna y otras hipótesis que no fueron corroboradas.
A lo largo de estos años intervinieron investigadores privados y estatales, empresas extranjeras y una Comisión Bicameral del Congreso, cuyas conclusiones no se tradujeron en avances judiciales significativos. Paralelamente, las familias denunciaron haber sido espiadas en el contexto de una red de escuchas ilegales. La causa que involucraba al expresidente Mauricio Macri y a exfuncionarios fue cerrada recientemente por la Corte Suprema.
A ocho años del hecho, el expediente principal fue elevado a juicio. El proceso se desarrollará en la provincia de Santa Cruz y tiene a cuatro oficiales de la Armada imputados por “estrago culposo agravado”. La fecha del debate oral aún no fue establecida.

