En una mañana gélida y lluviosa, las 16 Sociedades Rurales del Sudeste Bonaerense se reunieron para abordar temas cruciales para la región. La cita, marcada por la presencia del nuevo presidente de CARBAP, Ignacio Kovarsky, se centró en la preocupante situación que enfrenta la explotación del Puerto Quequén y la reciente propuesta del gobierno provincial sobre el uso del principal elevador.
Los dirigentes rurales discutieron las posibles consecuencias de la inactividad de Terminal Quequén, destacando que la falta de resolución podría llevar a que el principal elevador se niegue a tomar nuevos compromisos a partir de septiembre. También se analizó el impacto del proyecto del gobernador Axel Kicillof, que propone una “reserva del 30%” para el uso del elevador y la garantía del Consorcio en cuanto a esta prioridad.
A pesar de las preocupaciones sobre la transparencia de precios y costos en el puerto, los líderes rurales coincidieron en que la intervención provincial tal como se propone sería un “salvavidas de plomo” para los productores. En su opinión, la protección para los pequeños productores se encuentra en la posibilidad de exportar, tal como lo establece el servicio público del elevador.
En consecuencia, la reunión concluyó con la recomendación de prorrogar la actual concesión del elevador para evitar su inactividad durante la cosecha fina. Además, se sugirió que se debe debatir un nuevo pliego que sea razonable y consensuado dentro del Consorcio.
Otro tema relevante en la agenda fue la implementación de la Identificación Electrónica del Ganado, que se prevé obligatoria para 2025. Aunque las Sociedades Rurales no se opusieron a la medida, solicitaron más información sobre los objetivos y la participación de entidades como el IPCVA. Insistieron en que en la fase inicial, el uso del “chip” no debería ser obligatorio hasta que la cadena de producción esté debidamente integrada y se haya solucionado el problema de las caravanas desechadas en los frigoríficos.
El encuentro subrayó la necesidad de encontrar soluciones consensuadas y prácticas para asegurar la viabilidad de la actividad agropecuaria en la región, en un contexto de desafíos económicos y operativos.
