El Sindicato del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA), junto con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), presentó una acción de amparo contra el decreto 462/2025. La medida fue radicada en el Juzgado Nacional del Trabajo y tiene como objetivo frenar los artículos 59 a 69 del decreto, que modifican el funcionamiento del INTA y otros organismos vinculados al sector agropecuario.
El presidente del Consejo Directivo del INTA Chaco-Formosa había anticipado antes de la publicación del decreto: “Hoy empieza una etapa de lucha”. Según los gremios, esa etapa comenzó con la vía judicial.
En el escrito presentado ante la justicia, se solicita que se declare la nulidad, inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos cuestionados, por entender que configuran una “desviación de poder que oculta una disolución, desfederalización y vaciamiento del INTA”. El planteo se apoya en la ley 27.742, que prohíbe la disolución del organismo, y en el decreto-ley 21.680/56, que dio origen al INTA. También se hace referencia a la supuesta vulneración de la garantía de estabilidad del empleo público contemplada en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Los gremios denunciaron que el decreto implicaría la puesta en remate de 40.000 hectáreas rurales pertenecientes al INTA, la venta de patentes de desarrollos tecnológicos, la transferencia de recursos financieros al Ministerio de Economía y la desvinculación de personal científico y técnico.
APINTA y ATE sostienen que la declaración de emergencia económica incluida en la Ley Bases “habilita al Poder Ejecutivo a gobernar por decreto” y la compararon con un “estado de sitio”. A su criterio, no existe una “conmoción anormal, extraordinaria e imprevista” que justifique el uso de estas herramientas excepcionales.
Entre los cambios propuestos por el decreto, se incluye la exclusión de las universidades y los Consorcios de Experimentación Agrícola (AACREA) de la conducción colegiada del INTA, así como la rebaja de la participación de entidades como la Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria (FAA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y CONINAGRO, que pasarían de ser miembros con voz y voto a ocupar un rol meramente consultivo.
Los gremios advirtieron además que, con la implementación del decreto, el INTA dejaría de ser una persona jurídica autónoma y pasaría a formar parte de la Administración Pública Central. Según afirmaron, esto implicaría la pérdida del CUIT del organismo, la transferencia de sus bienes al Ministerio de Economía y una nueva ola de despidos.
La acción judicial busca detener estos efectos y garantizar la continuidad institucional del INTA en los términos legales previos a la promulgación del decreto 462/2025.

