La investigadora Virginia Aparicio continúa asistiendo diariamente a su lugar de trabajo en el INTA Balcarce, pese a que el Consejo Directivo del organismo resolvió su exoneración. Mientras tanto, su abogado prepara una presentación administrativa para intentar revertir la medida, que representa su expulsión del Estado.
La propia Aparicio confirmó que sigue concurriendo a la institución por indicación de su representante legal y explicó cuáles serán los pasos para cuestionar la sanción.
«Sí, yo estoy viniendo todos los días a trabajar por indicación de mi abogado. Nosotros, dentro del plazo administrativo contemplado por la Ley de Procedimientos Administrativos, vamos a interponer un recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio. Así que, por esa razón, yo sigo viniendo a trabajar normalmente», señaló.
La investigadora, que desarrolló toda su carrera profesional en el INTA Balcarce y se especializó en la medición de residuos de agroquímicos, fue sancionada por supuestas irregularidades vinculadas con su participación en el Proyecto SPRINT, una iniciativa internacional lanzada en 2020 por universidades europeas y financiada por la Unión Europea.
El INTA participó inicialmente como socio extracomunitario del programa, aunque en diciembre de 2023 decidió dejar de formar parte del proyecto. Aparicio se había desempeñado como coordinadora nacional de la iniciativa.
El conflicto entre la investigadora y las autoridades del organismo se profundizó en septiembre de 2023, cuando comenzaron a conocerse los primeros resultados de las mediciones sobre presencia de agroquímicos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y en más de 70 personas que participaron voluntariamente del estudio.
En ese momento, el INTA le habría indicado que no difundiera los resultados, en medio de cuestionamientos sobre la metodología utilizada, particularmente por las mediciones de residuos de fitosanitarios en muestras de orina y sangre de personas sin la intervención de profesionales especializados del área de Salud.
Aparicio denunció entonces una situación de censura e intentó continuar con su trabajo en el marco del proyecto.
La decisión de exonerarla fue comunicada el lunes pasado por el Consejo Directivo del INTA, luego de un procedimiento sumarial iniciado el 7 de diciembre de 2023, bajo el expediente 2023-147844190-APNUSA#INTA.
La medida generó numerosas expresiones de rechazo en las redes sociales y abrió una nueva instancia de conflicto entre la investigadora y las autoridades del organismo.
Ahora, con la presentación de los recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio, Aparicio buscará que se revise la sanción y se deje sin efecto su expulsión del ámbito de la administración pública nacional.
