La reforma fue aprobada por el Senado con 38 votos a favor y 8 en contra y deja fuera del beneficio automático a 94 municipios de la provincia de Buenos Aires. Intendentes y organismos de defensa de los usuarios preparan distintas presentaciones judiciales para cuestionar la medida.
La sanción de la reforma del régimen de Zona Fría abrió un nuevo escenario de reclamos en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, aprobada por el Senado de la Nación con 38 votos a favor y 8 en contra, modifica el esquema de beneficios tarifarios para el consumo de gas y deja fuera del régimen general a 94 municipios bonaerenses, entre ellos Balcarce. La medida alcanza a unos 1,24 millones de hogares en territorio provincial. R
La nueva normativa retrotrae el alcance territorial del régimen a su esquema anterior a la ampliación de 2021. En la provincia de Buenos Aires, Carmen de Patagones es el único distrito que mantiene el beneficio directo por encontrarse dentro de la región patagónica. L
Intendentes preparan presentaciones judiciales
Uno de los primeros municipios en confirmar que acudirá a la Justicia fue Bahía Blanca. Su intendente, Federico Susbielles, anunció que, una vez promulgada la ley, recurrirá a la Justicia Federal para intentar frenar su aplicación en el distrito.
El jefe comunal sostuvo que la eliminación del beneficio afecta a los usuarios residenciales de la ciudad y cuestionó que se establezcan diferencias entre localidades con condiciones climáticas similares.
En paralelo, intendentes de distintos municipios bonaerenses comenzaron a articular estrategias para avanzar con acciones judiciales. En la Quinta Sección, dirigentes municipales analizan incluso la posibilidad de presentar un amparo colectivo contra la modificación.
También analizan recurrir a la Justicia desde General Pueyrredon
La Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon estudia la presentación de un amparo colectivo para cuestionar la aplicación de la reforma.
El planteo se vincula con el carácter esencial del servicio de gas y con los derechos relacionados con el acceso a una vivienda adecuada y condiciones de habitabilidad. También existe preocupación por el impacto que un aumento en las facturas pueda generar sobre los presupuestos familiares.
Uno de los sectores señalados como especialmente sensibles es el de los adultos mayores, debido a que una mayor carga sobre las facturas podría llevar a algunos hogares a reducir el consumo de calefacción durante los meses de bajas temperaturas.
Preocupación entre familias y sectores productivos
El debate también alcanza a empresas y productores que utilizan gas dentro de sus procesos de elaboración. Desde distintos sectores advierten que el costo de los servicios públicos ya representa una parte importante de sus estructuras y que un incremento podría trasladarse a los precios finales.
En los hogares, en tanto, el impacto dependerá del esquema tarifario que se aplique a partir de la entrada en vigencia de la nueva normativa y de la situación particular de cada usuario. La reforma contempla mecanismos de asistencia focalizada para determinados sectores según criterios de ingresos y vulnerabilidad.
Reclamos antes de la sanción
La discusión no comenzó con la votación del Senado. En las semanas previas, intendentes de distintos distritos bonaerenses habían llevado sus reclamos al Congreso y advertido que recurrirían a la Justicia si avanzaba la modificación.
Entre ellos estuvo el intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, quien cuestionó que el nuevo esquema priorice criterios socioeconómicos por sobre las condiciones climáticas de las localidades.
Otros jefes comunales que participaron de las gestiones fueron Gustavo Barrera, de Villa Gesell; Maximiliano Wesner, de Olavarría; Nelson Sombra, de Azul; Cecilio Salazar, de San Pedro; Ariel Succurro, de Salliqueló; Iván Villagrán, de Carmen de Areco; y Juan Manuel Cerezo, de General Las Heras.
Con la sanción del Senado, el conflicto ingresa ahora en una nueva etapa: mientras se aguarda la promulgación y reglamentación de la norma, municipios y organismos de defensa de los usuarios preparan sus estrategias para intentar cuestionar judicialmente la eliminación del beneficio territorial de Zona Fría
